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La guerra de la movilidad previsional no ha terminado. El gobierno salvó por 13 votos el veto a la fórmula que aprobó el Congreso, pero la oposición va al repechaje en el debate del presupuesto 2025.
El proyecto del gobierno le pide al Congreso que ratifique la fórmula que quedó en pie con el veto, que es una actualización mensual según la variación del índice de precios del INDEC (DNU 274/24).
El gobierno descarta que el proyecto tendrá una aprobación en general, previa zaranda según las presiones de los protagonistas del debate – legisladores, gobernadores, influencers varios -.
Pero esperan una dura batalla para voltear el art. 69 del proyecto que intentan convertir en ley el DNU previsional de Milei (274/24) – un atajo para sacarlo del escrutinio de la Bicameral que los aprueba o rechaza, y que funciona a reglamento.
Esperan también que en el tratamiento en particular la oposición reponga no sólo la fórmula polinómica de la ley vetada sino el 8% correspondiente al mes de enero, pasado que el Ejecutivo se fumó en el debate. El resultado final es incierto porque no hay que descartar un nuevo veto – con asado o misa cantada – y la consecuente judicialización.
El veto impide que un proyecto vuelva a ser tratado en el mismo año legislativo. Voltear el DNU 274 es plausible, pero es discutible la atribución del Congreso de restaurar la fórmula polinómica de la vetada ley 27.756.
Rosatti tiene los votos
Esta secuela de la batalla que ganó el gobierno tiene fatalidad judicial. La Suprema Corte ha recordado que su jurisprudencia en la materia es que la movilidad debe estar establecida por ley, con la aplicación de una fórmula polinómica desenganchada de la discrecionalidad del poder Ejecutivo.
Lo explicó en algún alegato de oreja de enviados del gobierno que consultaron sobre el DNU 274, que no cumple con este criterio. Ante el primer reclamo por el 274, la Corte va a fallar a favor del quejoso. El intento del gobierno de designar a dos nuevos jueces obedece a la necesidad de romper el tridente que conduce el tribunal y que acuñó aquella jurisprudencia.
La propuesta de los nombres de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla ha encallado en el Congreso. El tridente se dispone esta semana, o cuanto más en la siguiente, a votarle un nuevo mandato a Horacio Rosatti como presidente; esta semana se cumplen los cuatro años de su elección y la que viene los cuatro años de su asunción.
Este lunes Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda tienen la habitual reunión de preparación del acuerdo del martes. El blindaje del tridente debilita a Ricardo Lorenzetti que propuso a Lijo como una manera de romper el bloque.
El jueves harán una aparición en Córdoba, quizás con Rosatti ya reelecto. Van a un acto por los 30 años de la reforma constitucional y a un homenaje a dos de ellos – Rosatti y Maqueda – que fueron convencionales, junto al anfitrión, Antonio María Hernández.
Los que se van, ¿volverán?
En 2025 termina su mandato un seleccionado de dirigentes que maneja el Congreso. Con la pulverización de las marcas partidarias – LLA dividida, la UCR dividida, el PRO dividido – ¿quién tendrá fuerza institucional y política para armar listas de «entrables»?
La balcanización de los partidos divide al electorado que lo hizo presidente a Milei y le quita capacidad de competir con un peronismo que mantiene la unidad a rajatabla. Esta licuación a nivel dirigencial no compromete a los electorados. Pero afecta a todas las formaciones.
Una mirada a la lista de quienes terminan las bancas permite entender cuál es el juego de cada protagonista. En el oficialismo y en el espectro del no peronismo, terminan su mandato, entre otros, Martín Lousteau, Victor Zimmermann, Facundo Manes, Soledad y Carla Carrizo, Julio Cobos, Rodrigo De Loredo, Fabio Quetglas, Danya Tavela, Martín Tetaz y Pamela Verasay (UCR); José Luis Espert, Guadalupe Tagliaferri, Mónica Fein, Fernando Iglesias, Luciano Laspina, Hernán Lombardi, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli, María Eugenia Vidal (PRO); Juan Manuel López, Paula Oliveto (Coalición) y Ricardo López Murphy, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño (estrellas del bloque de Encuentro Republicano), Juan Carlos Romero, Carolina Píparo y otros.
¿Quién convencerá a los primos Menem que tienen que defender a macristas y radicales para conservar sus bancas? Un desafío a la imaginación. El peronismo también tiene su lote de los que se van, pero nadie duda que el partido, que se pone de acuerdo ante las elecciones, no les negará la posibilidad de renovar.
La lista del peronismo que se va incluye a Daniel Gollán, Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Julio Pereyra, Leandro Santoro, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Oscar Parrilli, Mariano Recalde y Claudia Ledesma Abdala de Zamora.
¿Y el tercio? se lo voy a deber
El debate sobre la fórmula previsional pondrá a prueba al armado del tercio de resistencia que intenta el gobierno después de haber juntado 87 votos para rechazar la insistencia al veto.
El oficialismo buscó ilustrar su victoria legislativa con la invitación a Olivos a los «héroes», grupo que integraban los bloques del PRO, La Libertad Avanza y algunos radicales. No pudo exhibir más que el deseo porque la realidad es que los comensales, aunque el cubierto costaba apenas $ 20 mil, no superaron los 70.
Iba a haber tercio, pero no hubo tercio. El aporte de ese intento es que el gobierno confirma, después de insistir que representa a la mayoría del electorado, su perfil de minoría. Se conforma con un tercio, al que le cuesta llegar.
En materia electoral, un tercio es desbloquear la competencia binaria entre las dos grandes coaliciones. El sueño del pibe que logró, en los años ’90, el FrePaSo. Javier Milei blanqueó el proyecto de una alianza con quienes habían respaldado el veto. Es la base, dijo, de una fuerza nueva, que el año que viene irá a elecciones. Fue un llamado a que se peleen más entre las tribus del oficialismo. Los mileistas salieron entusiasmados con la idea de un lanzamiento del partido el 28 de septiembre en Parque Lezama con la aparición del presidente como orador.
¿Se les ocurrió hacerlo justo en CABA, en donde deben resolver las relaciones con el PRO que gobierna? Milei participó un rato de la algarada sin sacarse el abrigo, lo hubieran querido mejor peinado y les hicieron dejar el celular afuera. Esta práctica es humillante y transmite destrato. Sacarle el celular a un político es como castrarlo. No usan celular porque sean políticos, son políticos para tener un celular.
Milei amenaza, pero al final la pone
El proyecto de unidad entre LLA y el PRO para un frente común el año que viene despierta dudas en los macristas. Se preguntan si los armadores del partido LLA en el orden nacional – Martín y Lule Menem y el apoderado Santiago Viola – van a trabajar para que hombres fuertes del PRO renueven sus bancas.
Este dilema dominará la cumbre que prepara Mauricio Macri para esta semana, después de unos días por el sur del país (¿Cumelén?). Se tomó un descanso después de una semana de concilios discretos (me negaron que se viese con Milei). Festejó con el primo Jorge que se haya cerrado una etapa de la batalla con la Nación por los fondos de CABA. Se fue convencido de que Milei habla y habla, amenaza con motosierra, pero si le conviene, al final la pone. Ahora pagó lo que decía que no pagaría porque no había plata.
Pobres, desindexados
Otro artículo del proyecto que dividirá aguas entre oficialismo y oposición es el que desindexa la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares. Estos dos programas no estaban enganchados a la movilidad previsional hasta 2015. Cristina de Kirchner promovió engancharlas como una de las últimas medidas antes de dejar el gobierno.
El art. 68 del proyecto pide derogar esas indexaciones. Si el Congreso lo aprueba, liberará fondos que pueden compensar otras demandas de gasto que pueden surgir de las negociaciones. En el gobierno confían en que los gobernadores encabezarán el operativo de convencer a legisladores que les respondan con el compromiso de que el recorte puede compensar pedidos de las provincias.
El proyecto abre otras fuentes de financiamiento del mayor gasto, que pueden alimentar la piñata de reparto para que el presupuesto salga. El art. 41° de la iniciativa, que trata sobre las operaciones de deuda pública, autoriza a que hasta el 18% de los títulos públicos se coloque en moneda y bajo jurisdicción extranjera.
La ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (ley 27.612) obliga que la toma de deuda externa debe ser autorizada por el Congreso. Fue una de las leyes que propuso Martín Guzmán apenas asumió el gobierno de los Fernández. La autorización puede dejar en puerta entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones para aportar al reparto.
Murmuraciones sobre el gabinete
Las peleas en el vértice del poder por la revisión de la reglamentación de la ley de acceso a la información han dejado heridos, dígase Guillermo Francos y el «monje negro» (así lo llamó Milei) Santiago Caputo. Esa reglamentación obedece a la necesidad de proteger la tarea de estudios jurídicos y de grupos empresarios que elaboran en las sombras proyectos que el gobierno hace suyos.
También es un velo sobre el rol de influyente de este Caputo, a quien se atribuyen tomar decisiones sin tener firma ni responsabilidad por lo que hace. Sostener ese decreto es una razón de Estado cuando el juzgado Preska de Manhattan pide que le copien los whatsapp de la cúpula del anterior gobierno y de éste para saber si manejan o no YPF. Los abogados de la Argentina ya se opusieron con el decreto reglamentario en la mano.
Pidieron que se atengan a s comunicaciones externas de los funcionarios y no a las conversaciones internas. ¿A dónde llevan estas peleas en la cúpula? A que Patricia Bullrich facture el aporte al veto con sus diputados y aspire a ocupar, por ejemplo, la jefatura de gabinete en un eventual cambio.
Estas murmuraciones (así llaman los jesuitas a las deliberaciones sobre personas)) crean, como siempre, anticuerpos, que la obligan a defenderse de algunos proyectos que pueden recortarle poder. Uno de ellos imagina una transferencia del Servicio Penitenciario Federal, que hoy depende de Seguridad, a un nuevo formato del ministerio de Justicia, ya con nuevos inquilinos.
Murmuraciones sobre el gabinete
Las peleas en el vértice del poder por la revisión de la reglamentación de la ley de acceso a la información han dejado heridos, dígase Guillermo Francos y el «monje negro» (así lo llamó Milei) Santiago Caputo.
Esa reglamentación obedece a la necesidad de proteger la tarea de estudios jurídicos y de grupos empresarios que elaboran en las sombras proyectos que el gobierno hace suyos.
También es un velo sobre el rol de influyente de este Caputo, a quien se atribuyen tomar decisiones sin tener firma ni responsabilidad por lo que hace. Sostener ese decreto es una razón de Estado cuando el juzgado Preska de Manhattan pide que le copien los whatsapp de la cúpula del anterior gobierno y de éste para saber si manejan o no YPF.
Los abogados de la Argentina ya se opusieron con el decreto reglamentario en la mano. Pidieron que se atengan a s comunicaciones externas de los funcionarios y no a las conversaciones internas. ¿A dónde llevan estas peleas en la cúpula? A que Patricia Bullrich facture el aporte al veto con sus diputados y aspire a ocupar, por ejemplo, la jefatura de gabinete en un eventual cambio.
Estas murmuraciones (así llaman los jesuitas a las deliberaciones sobre personas)) crean, como siempre, anticuerpos, que la obligan a defenderse de algunos proyectos que pueden recortarle poder. Uno de ellos imagina una transferencia del Servicio Penitenciario Federal, que hoy depende de Seguridad, a un nuevo formato del ministerio de Justicia, ya con nuevos inquilinos.
Ritondo y las fuerzas del cielo
Cristian Ritondo, por su lado, es el gerente de Macri ante el gobierno y cuenta los días para que la Cámara de Diputados resuelva si le renueva el mandato a Martín Menem como presidente, o se lo devuelven a Milei y rehace su vida con un reemplazo.
Martín Menem llegó a la Cámara por un acuerdo, no escrito, pero tampoco cumplido, entre el nuevo gobierno y el peronismo que es primera mayoría. Se trataba de que el PRO no lograse lo que le había pedido Macri a Milei en el Pacto de Acassuso: que Cristian fuera presidente de la Cámara. Por ahora preside el bloque PRO ha tomado un seguro todo riesgo contra las fuerzas del cielo: logró quedarse también con la presidencia del Grupo Parlamentario de Amistad con el Vaticano.
Se anota seguramente, antes que otros, a la posibilidad de que el papa Francisco venga al país el año que viene. Se los dijo a los sindicalistas que lo visitaron durante la semana. Francisco es un crítico del punitivismo, corriente que la tiene a Patricia como adalid en estas costas. El viernes, en la cumbre de movimientos populares en la que se mostró con Juan Grabois, criticó la represión con gas pimienta a los jubilados. Sonríe Ritondo, que es el anti-Patricia más fuerte del PRO.
El cerco sobre Martín Menem
La tarea de Menem en el cargo le hace perder poder en el lugar de aumentarlo. Este nepo-boy de la política llegó de la mano de otros con más poder (Milei, Unión por la Patria). Ha desperdiciado el año en que tenía ganarse él esa posición y puede reprobar el examen.
El cerco del PRO sobre la conducción de la Cámara incluye la tarea de Silvia Lospennato, vicepresidente 3ª del cuerpo pero que en los hechos actúa como organizadora administrativa y parlamentaria.
Tiene experiencia y capacidad de trabajo, lo que la lleva a ejercer funciones que están por encima del cargo. En algún borrador figura como posible remplazante de Martín, pero la limita su independencia. Votó a favor del veto, pero no fue a Olivos.