La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó esta martes, por unanimidad, el pedido de amparo de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche contra el jury que se desarrolla en su contra. Así el juicio político deberá suspenderse mientras el máximo tribunal decide la cuestion de fondo.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos había rechazado esa acción, por considerar que existía otro proceso judicial en trámite, promovido por el Procurador General provincial en el que quedaría comprendida la pretensión de Goyeneche.
La Corte Suprema, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió que esta decisión “cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional”.
Sin que implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto, la Corte señaló que “lo resuelto por el a quo desatiende las evidentes diferencias sustanciales entre la actora, en tanto magistrada sometida a un jurado de enjuiciamiento que defiende sus derechos, y el Procurador General provincial, que actúa en resguardo del interés general, institucional y de la legalidad”.
La Corte agregó que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación interino, el Máximo Tribunal hizo lugar a la queja interpuesta, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, al tiempo que ordenó que se dicte una nueva con arreglo a lo expresado en este pronunciamiento.
Mientras la mayoría de los procuradores de las provincias están reunidos en Paraná, donde se realiza el jury, como un gesto de apoyo a Goyeneche a quien los K quieren destituir en forma inmediata.
Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, la Corte tiene para resolver en su reunión de acuerdos de hoy otras causas como la del ex juez de Corrientes, Carlos Soto Dávila, entre otras, imputado en una causa por supuesto narcotráfico. También tiene para resolver un recurso de Passarella y otro de Caniggia.
La Corte se expedirá sobre Goyeneche luego de que ayer el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, avaló el recurso de queja con el que Cecilia Goyeneche, pidió una cautelar por considerar que su jury está lleno de irregularidades.
El caso de Goyeneche estalló el año pasado, cuando el oficialismo peronista de Entre Ríos comenzó una avanzada contra ella, y logró suspenderla el 30 de noviembre, como medida previa al inicio del jury con el que desde esta semana buscarán destituirla La fiscal está cuestionada por su labor en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, en el que se determinó un desvío de 52,5 millones de dólares de fondos públicos.
A Goyeneche, fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de Entre Ríos, le imputan no haberse excusado en ese expediente aunque su marido es muy amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.
Por el contrario, la fiscal denunció una “persecución política” en su contra, por su decidido impulso a la causa que terminó con la condena del ex gobernador Sergio Urribarri a 8 años de prisión, por corrupción.
En el amparo que tramitó en Entre Ríos y cuya denegación en distintas instancias la lleva a recurrir en queja ante la Corte, Goyeneche cuestiona que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia separó a todos los fiscales de la provincia para que intervengan en el Jury, lo que obligó a designar a un abogado de la matrícula para acusarla. Luego de varios rechazos, el abogado Gastón Justet, aceptó el cumplir esa función.
Esta lunes, el procurador Casal avaló el recurso de queja de la fiscal entrerriana pues, consideró, “se configura un caso de gravedad institucional ya que la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, inserta en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede el interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad.”
“A mi modo de ver -escribió Casal en el dictamen- el presente recurso de queja resulta admisible en los términos de la conocida jurisprudencia que asimila a definitiva la sentencia que rechaza el amparo cuando lo decidido causa un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior, habida cuenta de la naturaleza de la cuestión en debate –esto es, el cuestionamiento por el desplazamiento del órgano acusador interviniente en el proceso de destitución iniciado en su contra- y la alegada afectación de la garantía del debido proceso y defensa en juicio que ello acarrearía.”
“Cabe concluir, por lo tanto, que el tribunal apelado fundó su decisión en afirmaciones dogmáticas y con notoria ausencia de fundamentación normativa y fáctica, con grave afectación del derecho de defensa en juicio de la recurrente, lo que conduce a su descalificación como acto jurisdiccional válido en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias”.
Desde que comenzó la ofensiva en su contra, la fiscal Goyeneche fue sumando apoyos como el de la Asociación de Fiscales nacionales y la Red de Entidades por una Justicia Independiente (REJIA). El Relator de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayan, le expresó su preocupación al Gobierno sobre el modo en que se está desarrollando el jury en Entre Ríos.