La Cámara Federal porteña anuló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de aceptar como querellante a Cristina Kirchner en la causa por los ataques al edificio del Congreso. Los magistrados sostuvieron que no está bien fundamento si es un pedido de la presidencia del Senado del a Nación, del Congreso como cuerpo legislativo “o de la vicepresidenta a título personal”.
Los magistrados consideraron que no estaba aclarado ni fundamentado ese punto clave.
De esta manera, la jueza María Eugenia Capuchetti deberá dictar una nueva resolución sobre la situación y se pedirá mayores especificaciones a la jefa de asuntos jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, que fue la abogada que realizó la presentación.
El 21 de marzo la magistrada había aceptado a Cristina Kirchner como querellante en la causa que se inició tras los incidentes afuera del Senado el día que la Cámara de Diputados se disponía a votar el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al momento pedir que la vicepresidenta sea tenida en cuenta como querellante, Peñafort planteó que “tanto la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner; la senadora Anabel Fernández Sagasti; el senador Oscar Parrilli y el diputado Máximo Kirchner, entre otros colaboradores” se encontraban en el despacho cuando arrojaban piedras.
Por otro lado, sostuvo: “Cabe destacar que entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización”.
La vicepresidenta ya había señalado en una publicación que el ataque a su despacho, a su entender, no fue aleatorio.
Al momento de argumentar el pedido de querella, Peñafort añadió que los “daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21hs”, cuando “un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes”: Para la presidencia del Senado, este grupo de personas que la justicia busca determinar “tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”.
Si bien la jueza Capuchetti entendió que estaban dadas las condiciones para que la presidenta del Senado sea tenida en cuenta como parte querellante, lo camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, entendieron que no estaba bien fundamento el pedido.
En primer término indicaron, en la resolución a la que accedió Clarín, que en el escrito de Peñafort no quedaba clarificado si se presentaba en representación del Congreso como cuerpo legislativo o si lo hacía en nombre de Cristina Kirchner en su carácter de presidenta del Senado.
La Sala II de la Cámara federal porteña indicó que en la disposición de la Presidenta del Senado y en el poder especial otorgado para asumir el rol de querellante “se invocó actuar en representación de Senado de la Nación, mientras que en el pedido concreto para asumir esa posición de acusador privado, la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado invocó actuar en representación de la “Presidencia del Senado de la Nación”.
Una de las defensas apeló la medida al entender que era cuestionable “la potestad de la poderdante –la Presidenta del Senado del Congreso de la Nación- para asumir el rol en los términos en que lo pidió y obtuvo. Entre otros agravios, dijo: “Respecto de los bienes de uso público afectados, estos serían, indudablemente, propiedad del Congreso de la Nación o más precisamente del Poder Legislativo Nacional NO del Senado y, menos aún, de la Presidencia de la Cámara”.